En esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid (Sentencia 34/2026) se analizaba una reclamación dirigida contra el administrador de una sociedad mercantil por una supuesta responsabilidad por deudas sociales. La empresa demandante pretendía que el administrador respondiera personalmente de una cantidad derivada de una condena previa contra la sociedad, basándose en dos vías: la acción individual de responsabilidad del art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital y la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, alegando que la sociedad había incurrido en causa de disolución por pérdidas.

La defensa diseñada por Concursalex (Juan Diz) se centró en demostrar que no existía incumplimiento imputable al administrador y que la situación de insolvencia de la sociedad había sido gestionada conforme a derecho. En particular, se acreditó que el concurso voluntario de la sociedad se solicitó en tiempo, una vez constatada la insolvencia, y que la causa de disolución alegada por la demandante no podía prosperar en el contexto normativo aplicable a los ejercicios afectados. El juzgado aceptó estos argumentos y concluyó que no concurrían los presupuestos para exigir responsabilidad personal al administrador, desestimando íntegramente la demanda e imponiendo las costas a la parte demandante.

Se adjunta PDF con la sentencia: